De nuevo es la Justicia la que da un vuelco importante, y señalan de manera determinante, las malas prácticas bancarias. Con la reciente Sentencia del Tribunal Supremo 1505/2018, sala 3ª de lo contencioso administrativo, de 16 de octubre, modifica su jurisprudencia anterior y anula una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, que dio la razón a los bancos.

En esta Sentencia se marca una nueva tendencia doctrinal, el interesado en la inscripción de la hipoteca deberá abonar el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y ¿quién es el interesado? Obviamente el banco, ya que al prestatario no le interesa que por su crédito se inscriba una garantía real: LA HIPOTECA.

¿Qué les supone esto a los consumidores? Poder reclamar lo pagado en concepto del impuesto AJD de todas las hipotecas que se hayan constituido en los últimos 4 años. ¿Y el resto? Pues aún no está claro, ya que el Tribunal Supremo no señala en su sentencia, si este impuesto se va a devolver con carácter retroactivo.